Nacido en Kiel (Alemania) en 1974, desde la adolescencia destacó por su dominio de las tecnologías y por el uso no siempre legal que hacía de ellas. De hecho, era conocido como Kimble, su alias hacker, inspirado en Richard Kimball, el protagonista de la serie El fugitivo, que en su día interpretó Harrison Ford en la versión cinematográfica. Este alias es el que también usaba a veces en YouTube donde publicaba discursos.

Según cuentan algunos medios, a los 15 años tenía 12 líneas telefónicas pirateadas en su habitación, sin que sus padres se dieran cuenta. A los 19 años, pirateó ordenadores del Pentágono. También presumió de haber saltado los controles de seguridad de la NASA. A los 20, ya había sido detenido en dos ocasiones por “espionaje electrónico”. En 1998, fue condenado a dos años de cárcel, que no cumplió, por tráfico de cuentas bancarias y en ese año fundó la empresa de seguridad en internet DataProtect. Durante los últimos años 90, fue haciendo dinero con inversiones en empresas tecnológicas y con la venta en 2000 de su participación mayoritaria en DataProtect. En lo alto de la burbuja de las puntocom, vendió sus acciones de la empresa y se hizo millonario. DataProtect se fue a pique un año después.

Pese a toda esta actividad, su oronda figura –más de 140 kilos de excentricidad en dos metros de altura- y su nombre se hicieron realmente conocidos en 2001, con una maniobra que le acarreó una condena a 20 meses de cárcel. Ese año, anunció una inyección de 50 millones de dólares -38,6 millones de euros- en letsbuyit.com, un portal de venta on line al borde de la quiebra. Las acciones de la empresa –previamente había comparado 375.000 dólares en estos títulos-, subieron inmediatamente como la espuma, ocasionándole una ganancia de cerca de un millón y medio de dólares. Sobra decir que él nunca concretó aquella inversión de 50 millones. Por este negocio, fue detenido en Tailandia, deportado a Alemania y multado con 100.000 dólares y condenado a 20 meses de cárcel que no tuvo que cumplir.

También en 2001, el hacker sale a la palestra con una excentricidad propia de su personalidad. Dos amigos suyos mueren en los atentados del 11-S, por lo que anuncia una recompensa de 10 millones de dólares a quien atrape a Bin Laden. Además, se dice capaz de piratear las cuentas del líder de Al Qaeda con su grupo de piratas YIHAT (Young Intelligent Hackers Against Terror, o Jóvenes e Inteligentes Piratas Contra el Terror). Otra de sus fanfarronadas conocidas fue la de contratar a una modelo que había posado para la revista Playboy para que fingiera ser su enamorada mientras navegaba por el Caribe con un grupo de amigos en un yate alquilado. Por supuesto, Kimble decía que era de su propiedad. También se hizo fotos junto a barcos o aviones para hacer creer a los lectores de su blog Kimble.org que eran suyas. En este blog publicaba sus hazañas, como haber gastado en 2010 un millón de dólares en alquilar de un yate de lujo para amarrar en Monte Carlo y asistir al Gran Premio de Fórmula 1, incluyendo fiestas suntuosas fiestas con invitados de postín.

Tanta notoriedad le aconsejó un cambio de aires. Con pasaporte alemán y finlandés, Schmitz cambia su apodo por el de Kim Tim Jim Vestor y se muda a Hong Kong, donde se aloja en un hotel. Allí funda en 2005 el imperio Megaupload, por el que ahora ha caído y que, según la acusación de un tribunal de Virginia, ha ocasionado perjuicios económicos por valor de 500 millones de dólares (386 millones de euros) en derechos de autor.

Estiman los fiscales del caso que los dueños de Megaupload ha conseguido lucrarse con 135 millones de euros, a través de las suscripciones y de publicidad. Con ese dinero y otros, Mr. DotCom, como se hace llamar a partir de 2010, se hizo ese año con la mansión más cara de Nueva Zelanda, una propiedad en Auckland por la que pagó 30 millones de dólares y que bautizó como Dotcom Mansion. Donó otros ocho a los damnificados por el terremoto que asoló la ciudad de Christchurch en febrero de 2011.

En el registro de la mansión posterior a su detención el jueves, la policía se ha incautado de coches de lujo, obras de arte, armas, ordenadores y documentación. Dicen medios locales que Dotcom no salía mucho de la mansión y la policía lo corrobora diciendo que el asalto a la mansión fue muy complicado por la cantidad de mecanismos electrónicos de seguridad que tenía instalados. Parece que durante el último año, Schmitz era consciente de que su imperio se tambaleaba. Además de recurrir a artistas conocidos como Kayne West o Alicia Keys para que participaran en una campaña para Megaupload, un correo conocido en enero de un directivo de la empresa asegura que el servicio Megabox, parte del entramado, iba a redistribuir el 90% de sus ingresos a los artistas.

Ve Schmitz que su negocio peligra ya a mediados de 2010, cuando se muestra en un correo preocupado por el endurecimiento de la legislación estadounidense contra la piratería y se plantea inscribir su dominio fuera de EE UU. Demasiado tarde. Año y medio después, la justicia del país ordenaba su detención, la policía neozelandesa le atrapaba parapetado en una habitación blindada en su mansión y cumple 38 años con una petición de extradición a EE UU y con la amenaza de pasar decenas de cumpleaños más tras las rejas. Para evitarlo, en una nueva demostración de su incapacidad de pasar desapercibido, será Bob Bennett, el abogado de Bill Clinton en el caso Lewinsky el que le defienda.

Eastman Kodak busca ahora reforzar su liquidez en EE UU y el exterior, rentabilizar la propiedad intelectual no estratégica, resolver la situación de los pasivos y centrarse en negocios más competitivos. El Consejo de Administración, que encabeza el español Antonio Pérez, cree que esta solicitud es un paso necesario para garantizar el futuro de la firma.

La empresa ha informado también que tiene un crédito por 950 millones de dólares con Citigroup que deberá devolver en 18 meses, lo que le permitirá aumentar su liquidez. La línea de crédito, no obstante, queda ahora sujeta a aprobación judicial.

A pesar de la quiebra, Kodak ha afirmado tener la suficiente capacidad para seguir operando y prestar servicio a sus clientes con normalidad. Así, la histórica empresa pretende pagar deudas y salarios para seguir con programas de cliente.

Una caída anunciada

Los rumores de la mala situación del antiguo gigante de la fotografía comenzaron en septiembre de 2010, cuando se empezó a hablar de reestructuración de la deuda. Pero los problemas se aceleraron tras la advertencia de la Bolsa de Nueva York de expulsarla del parqué si sus títulos no lograban cotizar por encima del dólar, tal y como exige el mercado. Para ese momento las acciones de la compañía ya llevaban 30 días cerrando por debajo de ese precio y los rumores de quiebra, publicados por The Wall Street Journal -que llegó a publicar un vídeo titulado “¿Está cerca el final de Kodak?”- , no contribuyeron a mejorar la situación. Moody’s y Fitch se sumaron degradando la deuda de la empresa al nivel de bono basura.

El pasado 11 de enero Kodak consiguió levantar cabeza en Wall Street al anunciar la reorganización de su negocio y la presentación de una demanda contra Apple y HTC por violar cuatro de sus patentes por tratamiento de imágenes.

Kodak arrastraba ya en 2010 un déficit de 2.600 millones de dólares en obligaciones con sus empleados además de 1.500 con sus acreedores. Y todo esto a falta de presentar las cuentas de 2011, con lo que las cuentas podrían haber empeorado.

Kodak, fundada en 1892 por George Eastman, ha sido uno de los símbolos del capitalismo norteamericano. Patentó el rollo de película y la máquina de captura a finales del siglo XIX e hizo su gran el negocio en el mundo del cine. Sin embargo, su caída se ha debido, en gran medida a su incapacidad para adaptarse al negocio digital. Poseyendo patentes en este tipo de imagen, dejó que Canon o Fujitsu se le adelantasen. Con todo, las patentes podrían ser, la garantía de la supervivencia de la empresa.

FACUA aclara que con su posicionamiento ante este caso no pretende defender ni los intereses de Megaupload ni los de las multinacionales de la industria cultural, sino derechos fundamentales de los ciudadanos.

La asociación recuerda que independientemente de las posibles actividades y usos ilícitos de Megaupload, este era un repositorio de archivos que millones de usuarios utilizaban para almacenar o compartir archivos privados de manera absolutamente legal. En los servidores de Megaupload están las imágenes, vídeos y documentos de millones de personas que los utilizaban como disco duro virtual.

La asociación recuerda que el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia”.

Por 19 euros cada tres meses, este amigo disfrutaba de una serie de ventajas. No tenía límite de descarga y lo hacía a la máxima tasa de velocidad porque su descarga tenía prioridad sobre la de usuarios gratuitos. Tampoco tenía límite de almacenamiento. “No se trata de un sistema P2P. Aquí, Megaupload alberga los contenidos en sus propios servidores y la descarga es directa, mucho más rápida”. Cuando alguien subía un archivo, se generaba un enlace, Megaupload lo suministraba al internauta. Todo aquel que conociera el enlace podía acceder al archivo. “De ahí que Megaupload alegara históricamente que no tenía por qué conocer lo que los internautas almacenaban en sus servidores“. Obviamente, si el titular de este enlace lo distribuía a terceros, todos aquellos que lo supieran podrían disfrutar del mismo acceso. “De hecho, las páginas de enlaces que ofrecen una descarga desde Megaupload lo que están haciendo es tramitar el acceso a través de uno de esos códigos”.

Una diferencia con servicios de la competencia es que Megaupload permitía, a través de Megavideo, al usuario que hubiera subido un filme, o quien tuviera la llave de acceso, podía verlo por streaming sin descarga. Si el internauta no estaba suscrito al servicio tenía un límite de 75 minutos al dia. El cliente premium no tenía límite. Megaporn era un servicio similar dedicado a contenidos porno.

Mientras los clientes premium disfrutaban del servicio sin recibir mensajes publicitarios, los usuarios gratuitos se la encontraban en la operación de acceso al archivo deseado. Megaupload consideraba importante para su negocio albergar contenido que fuese apetecible y aumentara su clientela premium. Por ello, retribuía a aquellos internautas que subían archivos con bonificaciones. En el caso de usuarios gratuitos, cuando sumaban una serie de puntos, podían disfrutar un tiempo del Megaupload premium. La importancia del premio iba asociado al éxito de descargas íntegras del archivo subido. En el caso de clientes premium, las recompensas podían llegar a ser monetarias.

El bloque de direcciones que corresponde a Megaupload está registrado en la ciudad china de Wan Ghai, pero las direcciones IP de Megaupload están alojadas en servidores de una empresa llamada Carpathia, en Virgina (Estados Unidos). En este caso, los nombres de dominio respondían correctamente el jueves en la noche, lo que indica que se han intervenido los servidores.

Entre las webs que han tenido problemas durante la tarde y noche del jueves (madrugada en España) están las del Departamento de Justicia de Estados Unidos y los dos sitios de las patronales discográfica (RIAA) y cinematográfica (MPAA) de aquel país. Copyright.gov es otra de las webs atacadas, aunque con menos éxito. Los portales han ido reactivándose a medida que avanzaba la noche. Pero no todos. El sitio de internet de la discográfica Universal Music continúa fuera de servicio esta mañana.

“La rápida campaña de Anonymous contra los defensores de los derechos de autor sirvió a la vez como venganza por la pérdida de Megaupload y una demostración de la futilidad de los intentos por controlar el territorio salvaje de internet”, señala hoy la revista The Atlantic Wire.

Esta ola de ataques en respuesta al cierre de Megaupload no se ha limitado a Estados Unidos. El sitio francés hadopi.fr, que gestiona la autoridad que actúa contra las descargas en aquel país, también ha caído víctima de un asalto de denegación de servicio (una acumulación simultánea de peticiones a una página que no pueden satisfacer los servidores y se saturan).

Desde su blog, Anonymous ha hecho público un comunicado en el que reivindica la acción que ha hecho caer a varias páginas como respuesta al cierre de Megaupload. En el texto aseguran que han atacado webs como la Federación Belga Antipiratería, las discográficas Universal y Warner e incluso la Casa Blanca.

En una declaración distribuida por una cuenta twitter, el grupo afirma: “Nosotros, Anónimos, lanzamos nuestro ataque más grande hasta ahora contra sitios del gobierno y la industria de la música. ¿El FBI se creyó que no iba a haber consecuencias por lo que han hecho? Deberían haber esperado nuestra respuesta”.

La elección de objetivos ya no parece exclusiva de Anonymous. Mensajes en Twitter proponen otras sedes digitales para asaltar en respuesta al cierre del popular servicio de almacenamiento y descarga. Entre las webs atacadas se encuentra Origin, la tienda de descargas de videojuegos de Electronic Arts, que estuvo caída de manera intermitente.

Anonymous ha afirmado que los ataques apuntaron a una decena de sitios. Esta mañana se ha restaurado el servicio en el sitio de la firma de publicación y licencias musicales BMI, pero el de Universal Music seguía bloqueado. En el mensaje también se distribuye información personal sobre el exsenador demócrata de Connecticut Chris Dodd, quien ahora preside la Asociación Cinematográfica de EE UU, uno de los sitios atacados.

Multimillonario, ostentoso y excéntrico. Kim Schmitz está bajo sospecha. El ex hacker alemán, que hoy preside una compañía de capital riesgo, despierta intrigas. Schmitz afirma que inyectó hace unas semanas cuatro millones de euros al portal de compras LetsBuyIt, en crisis. Prometía 50 millones de euros más. La empresa LetsBuyIt ha conseguido el dinero, pero parece que Schmitz no figura entre los inversores. “Anuncié que los 50 millones llegarían y así ha sido. No puedo decir que yo figure entre los inversores”, explicó Schmitz a Ciberp@ís .

Hace dos semanas el nombre de Schmitz reparecía en la prensa internacional. El ex hacker prometía inyectar 50 millones de euros, 8.000 millones de pesetas, a LetsBuyIt, el portal europeo de compras que en los últimos meses está viviendo una fuerte crisis económica.

A partir de ese momento, la leyenda de Kimble empieza a desmoronarse. Schmitz no figuraba entre los inversores. “Rescaté cuatro millones para la primera ronda de LetsBuyIt, pero no puedo decir si estoy entre los nuevos inversores”, explica.

Según investigaciones de la publicación The Industry Standard Europe, Kimvestor, la compañía de capital riesgo de Schmitz, no está registrada como empresa en Alemania. Las autoridades germanas no tienen constancia de su existencia. La cantidad que recibió Schmitz por la venta de un 80% de su empresa de seguridad de datos Dataprotect a la firma tecnológica TÜV Rheinland nunca se hizo pública.

“Kimvestor todavía no está registrada como compañía”, declaró a Ciberp@ís . “Es un largo proceso administrativo de cambio de nombre: de mi antigua empresa Dataprotect a Kimvestor. De todas maneras, todavía no he firmado ningún contrato legal bajo el nombre de la compañía Kimvestor”.

A principios de la década de los noventa, Schmitz se hizo conocido por saltarse los filtros de seguridad del Pentágono y la NASA. Incluso explican que se dedicó a extraer pequeñas cantidades de dinero de cuatro millones de clientes de un banco y transfirió 20 millones de dólares a la organización Greenpeace. Todo desde su piso de Múnich. El resultado fueron tres meses en la cárcel.

El Fugitivo

Kim se hacía llamar Kimble por Richard Kimball, el protagonista de la mítica serie de televisión El fugitivo . De los 20 millones de dólares transferidos a Greenpeace, nada de nada. “Simplemente no es verdad”, afirma a la misma publicación Sara Holden, portavoz de Greenpeace Internacional. “Es cierto que la transferencia nunca llegó, porque Citibank lo paró. Pero los diarios documentaron en su día que el dinero se extrajo de las cuentas del banco”, explica Schmitz. De su época hacker , no le quedan muchos amigos. El Chaos Computer Club, la cumbre hacker que se celebra en Berlín, le ha negado la entrada.

Hoy es Kim Schmitz, un empresario de la economía de Internet. Tras hurgar en las entrañas de la red, se reconvirtió, como otros tantos hackers , en consultor de seguridad informática. En 1996 fundaba Dataprotect, una empresa de seguridad de datos en la red. La vendió a buen precio.

En enero del año 2000 montó Kimvestor, su propia compañía de capital riesgo, que se nutre de inversores particulares y apuesta por empresas debutantes.. “Estoy muy tranquilo, la compañía va bien. Buscamos nuevas ideas”.

Verdad o mentira, leyenda o realidad, lo cierto es que Schmitz ha viajado por todo el mundo y por todo lo alto: en Mónaco se le pudo ver con el actor Bruce Willis; en el Caribe, con una de las chicas de Playboy, y en Cuba con su boina y la estrella del Che Guevara, como él bien se encarga de difundir en su espectacular página.

El juez David McNaughton, del tribunal del distrito de North Shore, en la ciudad de Auckland, ha dictado que Schmitz y los otros tres directivos de la empresa que también han sido arrestados, permanecerán en prisión hasta que se produzca el fallo a su petición de libertad bajo fianza en la vista fijada para el próximo lunes, informa la agencia neozelandesa APNZ.

Junto al alemán Schmitz han ingresado en prisión preventiva los directivos de la misma nacionalidad Finn Batato y Mathias Ortmann, así como el holandés Bram van der Kolk. Todos ellos fueron detenidos en diversos operativos policiales llevados a cabo en Auckland en respuesta a un requerimiento hecho por las autoridades estadounidenses, que han solicitado la extradición de los tres alemanes y del holandés.

Daños por valor de 386 millones

El Departamento de Justicia y su cuerpo policial, el FBI, alegan que los administradores de esas empresas provocaron daños a la industria del entretenimiento por valor de 386 millones de euros en concepto de material difundido de forma ilícita. Adhiriendo anuncios publicitarios a sus páginas de alojamiento y descarga, amasaron 135 millones de euros, según la demanda presentada ante la corte federal del Distrito Este de Virginia.

Megaupload.com, que asegura que ha tenido más de 1.000 millones de visitas desde su creación en 2004 y que cuenta con más de 180 millones de usuarios registrados en todo el mundo, fue inaccesible desde el jueves en EE UU y en otros países, incluida España, debido a la intervención de sus servidores por parte del FBI. La operación afectó a un total de 18 dominios, entre los que se encuentran Megavideo, Megaclick, Megaworld, Megalive, Megapix, Megacar, Megafund, Megakey, Megamovie, y otros. Los ciberactivistas de Anonymous han protestado atacando portales del Gobierno de EE UU y de la industria discográfica.

El Gobierno de EE UU asegura en la demanda, a la que tuvo acceso este diario, que Megaupload y sus sitios web asociados forman una “mega conspiración, una organización criminal de dimensiones mundiales cuyos miembros tomaron parte en actos de infracciones criminales de los derechos de autor y en lavado de dinero a escala masiva”.

“Desde septiembre de 2005 Megaupload.com ha sido empleado por los acusados y otros miembros y asociados de la mega conspiración para reproducir y distribuir de forma intencional muchos millones de copias ilícitas de obras diversas, incluidas películas, programas de televisión, grabaciones musicales, libros electrónicos, imágenes, videojuegos y otros programas informáticos”, añade el listado de cargos.

La demanda aceptada por el gran jurado incluye cinco cargos: uno por conspiración para cometer infracciones de los derechos de autor, otro por conspiración para lavado de dinero, dos por infracción criminal de los derechos de autor y un último cargo por conspiración para cometer extorsión, al entender que los acusados se comportaban como una banda criminal.

Un gran jurado en esa corte aceptó los cargos contra siete personas relacionadas con Megaupload. Fueron arrestados en Nueva Zelanda, por las autoridades locales de aquel país, Kim Schmitz (alias Kim Dotcom), ciudadano de Finlandia y de Alemania, fundador de Megaupload Limited y, según la demanda del Gobierno de EE UU, “jefe de la mega conspiración”; Fin Batato, ciudadano alemán y jefe de publicidad comercial y de ventas de la misma empresa; Mathias Ortmann, alemán y jefe técnico de la compañía, y Bram van der Kolk, holandés y programador de Megaupload y otros sitios asociados.

También se han presentado cargos contra Julius Bencko, ciudadano de Eslovaquia y director gráfico; Sven Echternach, alemán y director de desarrollo de negocio; Adrus Nomm, de Estonia y jefe de programación, y Bram van der Kolk, holandés y programados de Megaupload y otras webs. Los agentes del FBI registraron además las cuentas bancarias de esos administradores y examinaron los servidores de Megaupload, para recoger evidencias de la difusión de contenido supuestamente pirateado.

La demanda del Gobierno se hizo pública ayer, a través de las oficinas de la corte federal del Distrito Este de Virginia y un día después de que numerosas páginas de EE UU protestaran por dos proyectos de ley que le permitirían al Gobierno cerrar páginas alojadas en EE UU que permitan las descargas de contenido protegido por derechos de autor.

Aunque el miércoles Megaupload protestó en su página principal contra esas dos propuestas legislativas, esa operación del FBI no está relacionada con ellas o con la campaña de protesta. El FBI efectuó 20 registros dentro de EE UU, y también en otros ochos países. En total, congeló bienes asociados a la empresa y sus gerentes por valor de 38 millones de euros.

Las oficinas centrales de Megaupload se hallan en Hong Kong, según información corporativa, aunque sus gerentes vivían en Nueva Zelanda. Los fiscales del Gobierno de EE UU que presentaron los cargos se refirieron a los administradores en su demanda como “megaconspiradores”. “A cambio de pagos, la mega conspiración ofrece una rápida reproducción y distribución de copias ilícitas de material protegido por derechos de autor en servidores alojados en todo el mundo”, asegura la demanda.

En la demanda se alega que los acusados empleaban Megaupload de un modo que favorecía la difusión de material ilegal. Aseguran los fiscales que los administradores de esa web borraban contenido que no se descargara con frecuencia, imposibilitando el uso del portal para el almacenamiento de documentos personales. En lugar de eso, facilitaban la distribución permanente de material más demandado. Según la investigación, fomentaban la publicación de películas y canciones de forma ilegal para registrar un mayor número de visitas y, a la larga, obtener cuantiosos ingresos por publicidad.

En total los acusados se enfrentan a 50 años de cárcel si se les aplica la pena máxima. Fue el FBI el que inició la investigación, a través de su Centro de Coordinación Nacional para la Protección de la Propiedad Intelectual. Para ello recibió ayuda de la policía de Nueva Zelanda, Hong Kong, Holanda, Reino Unido, Alemania, Canadá y Filipinas.

Todo empezó en China hace cuatro años, explica de la Torre. “Simplemente quería vivir allí una temporada para conocer el país. Como soy freelance podía trabajar desde cualquier lugar”. El servicio le permitía enviar sus proyectos, de mucho megas, a su clientela. Por entonces, recuerda este informático de 30 años, era la ‘nube’ más popular. Al regresar a Barcelona siguió usando Megaupload. Tiempo después su novia, Anna, descubrió que Megavídeo, el servicio para visionar películas y series de televisión por streaming (sin descarga) pertenecía a la misma compañía que Megaupload. Ambos decidieron compartir la cuenta; él como servicio de hosting; ella para disfrutar de sus series favoritas en versión original.

Hace dos semanas renovaron la suscripción, que estaba a punto de caducar. La compañía les ofrecía el servicio durante dos años por 60 euros. Aceptaron. La pareja sabe que probablemente jamás recuperarán el dinero, aunque de la Torre reconoce que esperaba su cierre, “como el de tantos otros servicios de este tipo. Megaupload me ha beneficiado y, al mismo tiempo, también me ha perjudicado, porque también sufro la piratería”.

Desde hace un año de la Torre y su socio tienen en la App Store de Apple el juego Red Gun. Se lo han descargado alrededor de 10.000 personas y han obtenido unos 8.000 euros de beneficios. Este desarrollador de aplicaciones explica que “paradójicamente”, mientras resulta extremadamente fácil subir cualquier tipo de archivo a Internet, anónima y gratuitamente “y ¡hasta a nuevo servidores a la vez a través de Multiupload, por ejemplo!”, es tremendamente complicado retirar “aquello que tu has creado de la Red. Tienes que demostrar que es tuyo, suministrar documentación, teléfonos… en un proceso manual que no siempre culmina con éxito. Realmente esto dificulta enormemente la retirada de contenidos que violan los derechos de autor”.

Más de 200 españoles han solicitado a la Asociación de Internautas (AI) información sobre cómo actuar para recuperar sus archivos personales, según ha explicado su presidente, Víctor Domingo. Probablemente entre ellos se encuentran estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que comparten apuntes a través de este popular servicio de hosting creado en 2005. Domingo recomienda a aquellos que hayan “perdido el control de sus archivos personales” que lo denuncien cuanto antes a las fuerzas de seguridad del Estado. Consumidores en Acción y FACUA, dos organizaciones que defienden los derechos de los usuarios, han emitido un comunicado donde explican que los usuarios de Megaupload tienen derecho a recuperar los archivos privados almacenados en sus servidores, por lo que el Gobierno estadounidense debe ponerlos a su disposición.

El texto de la acusación demuestra que los investigadores han tenido acceso a todo tipo de datos, desde correos a transacciones financieras. Atribuyen a Megaupload 180 millones de usuarios registrados. El texto se entretiene en relatar el funcionamiento del sitio destacando el distinto trato que reciben los usuarios anónimos, los registrados y aquellos que pagan una cuota premium. Los primeros solo pueden almacenar un archivo durante 21 días si durante este período no es descargado ninguna vez. Los usuarios registrados tienen un plazo de 90 días. Si al final del mismo, el archivo no ha sido usado ninguna vez…se anula. Los clientes premium no tienen estas restricciones en el almacenamiento. La denuncia no lo cita, pero este servicio no era usado únicamente para albergar copias de filmes. Un número impreciso de clientes lo empleaba como nube donde guardar sus documentos en la Red, accesibles desde cualquier máquina.

Mientras, explica el documento, la empresa “ha destinado millones de dólares a pagos para mantener su infraestructura”, apenas hay constancia de que haya realizado pagos a quienes detentan derechos de autor.

La acusación describe que el servicio carecía de una ventana de búsqueda para que los internautas pudieran localizar contenidos. Ello aumentaba la importancia de sitios terceros que eran los que ofrecían esta información y con los que la empresa mantenía relaciones. En contraste con esta ausencia de buscador público, los propietarios de Megaupload, sigue explicando la denuncia, disponían de una base de datos interna sobre sus propios contenidos que podían utilizar para dar información a terceros sitios. En la página principal del sitio no se anunciaban contenidos que infringieran la propiedad intelectual.

Cuando un archivo era subido a Megaupload, narra el texto, se generaba por los algoritmos del sistema un código identificativo que permitía el acceso al mismo. Si las máquinas detectaban que el archivo ya existía en sus servidores, en principio, no realizaban una nueva copia y suministraban el acceso al primero. Con todo no siempre era así. El texto asegura que las peticiones de retirada de contenidos por parte de los propietarios de derecho eran atendidas fraudulentamente en muchas ocasiones porque se cancelaba el archivo denunciado pero se activaban copias no detectadas.

Tras describir la ubicación de los servidores empleados por la empresa en Estados Unidos, Canadá, Francia y Holanda, el documento aprovecha el acceso a los correos electrónicos de la misma para contar su actividad cotidiana. Citan, por ejemplo, un correo de Google de mayo de 2007 en el que la compañía del buscador les avisa de que ha detectado que su web alberga muchos contenidos que violan la propiedad intelectual por lo que el servicio publicitario de Google “no podrá trabajar con ustedes”.Entre 2006 y 2011 la cuenta de PayPal movió más de 110 millones de dólares (85 millones de euros).

La denuncia detalla la participación de los acusados en el capital de la empresa y los ingresos de cada uno de ellos con cifras que, en 2010, fueron de los 200.000 dólares anuales a los nueve millones. Se enumeran todo tipo de transferencias, desde las que se han hecho para pagar el empleo de servidores hasta el realizado para alquilar un yate, con cifras siempre de varios dígitos.

De cara a la confiscación de bienes se llega a enumerar la propiedad de coches por parte de los acusados. Según la demanda, uno de ellos, Fin Batato, disfrutaba de un Maserati.

 Esta noche, el grupo Anonymous ha lanzado un ataque de denegación de servicio contra varios sitios relacionados con el caso.

De esta forma, Adsuara sustituye a Carlos Cano al frente de la entidad pública empresarial perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y dependiente de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi).

Como director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Adsuara fue responsable de elaborar el primer marco regulatorio de Internet en España y de poner en marcha los primeros programas de desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestro país.

Del mismo modo, el nuevo directo general de Red.es impulsó la creación de esta entidad pública de la que fue, primero, vicepresidente del consejo administración y, después, primer director del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de 2002 a 2004.

Asimismo, Adsuara ha sido asesor parlamentario, consultor de distintas empresas y administraciones públicas en proyectos de Telecomunicaciones, Sociedad de la Información, Audiovisual e I+D+i, así como profesor de derecho de la Información y Sistemas de Información de 2004 a 2012.