La Secretaría de la Función Pública tiene muchas limitantes para poder auditar recursos federales y están solicitando al Congreso de la Unión que modifique la ley para tener más facultades, dijo el sub secretario de dicha dependencia federal, Rafael Morgan Ríos quien añadió que se han aplicado 6 mil 253 castigos contra funcionarios federales por hacer un mal trabajo de los cuales el 54 por ciento fueron denunciados por la ciudadanía.
Al participar en el primer Foro Latinoamericano de Fiscalización Gubernamental, el sub-secretario de la Función Pública, Morgan Ríos dijo que las licitaciones han sido un factor de corrupción increíblemente fuerte y la ineficiencia es tres veces más pesada que la corrupción.
Refirió que la Secretaría de la Función Pública ha recibido 3 mil 388 denuncias ciudadanas que significa un 54 por ciento y eso arrojo que se aplicarán 6 mil 253 castigos para funcionarios que no están trabajando bien.
Añadió que a funcionarios federales, empresas y personas físicas y privadas se les aplicó 2 mil 173 amonestaciones y 2 mil 74 suspensiones, algunas de carácter grave.
Además de que se inhabilitaron a mil 23 funcionarios y se aplicaron 974 sanciones económicas, 541 resoluciones sancionadoras a empresas y ciudadanos.
El funcionario federal dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública tiene sus limitantes y no se puede auditar recursos del ramo 33, 28 y 25 así como los recursos del programa del Seguro Popular donde se tiene un caso de desvió, aunque no especifico el estado, pero hubo un desfalco de 40 millones de pesos y actualmente hay 6 funcionarios federales y del sector salud bajo investigación por la PGR.
Dio a conocer que la SFP solo puede auditar recursos reasignados que son presupuestos que manda la federación a los estados, “ hay muchas limitantes para auditar recursos federales auque ahí entra Auditoria Superior de la Federación”.
“Yo no tengo atribuciones por ley para auditar el seguro popular que es un fondo de asistencia social pero ahí puede intervenir la Secretaría de Salud para pedir que a la Secretaría de la Función Pública que se nombre auditores internos y se realice una investigación”, precisó.
Ante auditores nacionales y de diversos países, Morgan Ríos les urgió a enfocarse más a lo que llamó Contraloría Social, pero primero, el gobierno deberá abrirse a la información, “no va a haber Contraloría Social si antes no hay apertura de información del gobierno, si no hay transparencia, si antes no decimos mi sueldo es de 200 mil pesos, que lo digan…. cuántas persona están trabajando, cuánto ganan, que carros tienen, que aviones, tienen, hay gobiernos de los estados que tienen más aviones que el Ejército, cuánto están gastando en los viajes”, enfatizó.
Pidió a los auditores latinoamericanos no tener miedo a las manifestaciones populares y fuentes de información diferentes a las formales, “la prensa es contraloría social, aunque nos caiga gorda, los partidos políticos de oposición son contraloría social y si se agarran 10 aprovéchenlas, hasta banderas les quitan, como decía don Porfirio Díaz: mira, esos gallos que andan gritando, esos gallos quieren máiz, así decía y los maiceaba y se acababa el problema”,
Morgan Ríos también se refirió al “índice perverso” que arrojan la 4 mil auditorías de control que realizan los 8 mil trabajadores en 420 Órganos Internos de Control en todas las entidades y dependencias, que eran avaluadas al número de auditorías y no a resultados, “tengo una auditoría de un peso de una entidad que gasta miles de millones de pesos”, dijo.
Añadió que ahora les exigen a los auditores que aporten valor a las auditorías y observaciones, “cada observación que es un hallazgo tiene que tener una recomendación de cómo cambiar la cosas”.