La crisis que se vive en Guerrero en materia de procuración e impartición de justicia, aunado a los altos índices de corrupción y la falta de una aplicación estricta de la ley, puede provocar un resquebrajamiento del Poder Ejecutivo estatal y una esclerosis en los Poderes Legislativo y Judicial de la entidad, advirtió ayer el presidente del nuevo Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Guerrero, Alfredo Pérez Zárate.
En su discurso que pronunció luego de que al comité ejecutivo estatal de preside le fue tomada la protesta de ley por el alcalde electo de Acapulco, Manuel Añorve Baños, en un acto al que se dieron cita representantes de diversos sectores de la sociedad, el jurista Pérez Zárate refrendó ante el próximo presidente municipal el compromiso y vocación de servicio a la sociedad y al Estado por parte de quienes representará para impulsar un proyecto de reforma profunda de sistema de procuración y administración de justicia en beneficio de todos los guerrerenses.
“En este sentido, cobra importancia de manera urgente un movimiento ciudadano y de las organizaciones civiles democráticas, como impulsoras de reformas sustanciales para la vida social y política de los guerrerenses. La crisis consiste, desde nuestra óptica, como profesionales del derecho, como un problema de aplicación de justicia”, subrayó.
Por ello, indicó, “los abogados debemos, con compromiso social, coadyuvar e impulsar ante las instancias de ley, la Reforma Política del Estado, específicamente en la procuración e impartición de justicia pendiente en la agenda política del actual gobierno”.
El reconocido jurista Alfredo Zárate coordinará los trabajos de ese nuevo Colegio que alberga a reconocidos profesionales del derecho en Acapulco, entre ellos dirigentes de otras agrupaciones integrados al comité ejecutivo estatal, como es el líder de los barristas, Luis Alberto Montes Salmerón, quien es el segundo vicepresidente, y Alberto Aparicio Navarro, presidente del Colegio de Licenciados en Derecho Ignacio Manuel Altamirano y quien ocupa la segunda secretaría, mientras que el ex representante de la coalición Convergencia-PT ante el Consejo Distrital Electoral XIII, Cipriano Ortega Sotero, es el encargado de la tesorería.
Zárate reiteró su llamado a sus compañeros abogados para que unan esfuerzos para convertir ese foro en un foro permanente y que hoy representa el Colegio que preside, pues se preguntó: “¿Cuántas veces nos hemos encontrado en el litigio día a día, en el que la autoridad es arrogante, déspota y soberbia con los profesionales del derecho?”.
“Nosotros como Colegio de Abogados Penalistas del Estado necesitamos trabajar con gran esfuerzo y espíritu de lucha, para que con nuestra presencia este Colegio se convierta no tan sólo en un coadyuvante de la autoridad, sino en un vigilante del Estado de Derecho con responsabilidad de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, señaló.
Por ello convocó a sus compañeros abogados a impulsar las reformas del estado que va a modificar la totalidad de los ordenamientos jurídicos vinculados con la prevención del delito, la investigación, la procuración e impartición de justicia, y la ejecución de penas.
“Estamos obligados a hacer propuestas ante el Congreso para mejorar las leyes, para defender el derecho, el patrimonio y la vida de los ciudadanos, en términos más acordes con la modernización de la justicia que deviene desde el Congreso de la Unión, como es el caso de la presunción de inocencia que cambiaría por completo el sistema inquisitorial y acusatorio del sistema de justicia de Guerrero, uno de los más rezagados del país”, apuntó.
Funcionarios de la procuración de justicia no han entendido que no deben ser parte de la descomposición social: Rogelio Lozano Herrera
Por su parte el primer vicepresidente de ese Colegio, Rogelio Lozano Herrera consideró trascendental y vital para la abogacía y la postulancia en particular el hecho de que se hayan constituido en forma organizada y solidaria, dada la importancia que reviste el hecho de ser la primera vez que un grupo de abogados penalistas hayan coincidido hoy más que nunca, dada la falta de credibilidad de la sociedad en nuestras instituciones de procuración de justicia.
“A pesar de sus esfuerzos por capacitar a sus funcionarios (en materia de procuración de justicia), algunos aún no han entendido que no deben ser parte de la descomposición social; por el contrario, el ejercicio público es y debe ser principio de servicio honesto, transparente y, ante todo, con plena observancia de la ley y vinculado ese servicio con la sociedad”, indicó.
Dijo que la conformación de ese nuevo frente común de abogados postulantes es resultado de la coincidencia ante las adversidades de que son objeto por quienes no saben ni comprenden qué es impartir justicia porque no tienen mística de servicio, que sólo saben aprovecharse de su cargo y que no han comprendido que procurar e impartir justicia es desempeñar plausiblemente un compromiso con la sociedad.